El anteproyecto, en su artículo tercero, explica que el objetor de conciencia deberá presentar una declaración oficial y, una vez sea aprobada, estará obligado a prestar servicio civil obligatorio en beneficio de la población civil en centros asistenciales designados.
En ese mismo apartado se señala que se promoverá fundamentalmente la ejecución de proyectos ambientales como la reforestación.
Para esas tareas de reforestación, Buzarquis señaló la importancia de la colaboración, tanto de las gobernaciones y municipalidades como del Instituto Forestal Nacional (Infona).
\”Me encantaría ver un ejército de 30.000 jóvenes reforestando la República del Paraguay\”, expresó el legislador, quien recordó el problema medioambiental que atraviesa la región del Chaco, una de las más afectadas por la deforestación.
Entre las instituciones reconocidas incluidas en el anteproyecto figuran centros de enseñanza pública, hospitales, organismos estatales de beneficencia, acción social y emergencia, así como oenegés y entidades privadas sin ánimo de lucro.
Según recoge el documento, los jóvenes objetores dispondrán de un plazo de 20 días tras haber sido convocados por las Fuerzas Armadas para presentar su declaración ante el defensor del Pueblo, en la que plantearán una propuesta de servicio comunitario que no será vinculante.
El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia será el encargado de recibir las declaraciones de objeción de conciencia, comunicarse con las Fuerzas Armadas, determinar las condiciones del servicio civil y emitir informes sobre su cumplimiento, entre otras funciones.
Como resultado del trabajo comunitario, los jóvenes recibirán un certificado de cumplimiento, lo que les eximirá de abonar cualquier tasa militar, contemplada en la actual Ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO) que fue aprobada en 1975.
Sin embargo, el texto sí contempla el abono de un gasto administrativo que, según Buzarquis, será inferior a las multas actuales y se reinvertirá en acciones sociales destinadas a los jóvenes.
El diputado liberal no aclaró el presupuesto necesario para llevar a cabo esta iniciativa, ni el tipo de sanciones que se aplicarán a aquellas personas que se nieguen a participar ni en la formación militar ni en la civil.
Para Buzarquis, el anteproyecto es un paso para compensar el \”déficit\” que presenta Paraguay en cuanto a la mano de obra cualificada y favorecerá la reinserción laboral de los jóvenes.
Además, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso tendió su mano al defensor del Pueblo y a las organizaciones civiles que trabajan paralelamente en la redacción de otros anteproyectos de ley para juntar todas las propuestas y armar una mesa de trabajo conjunta.
\”Queremos dar la vuelta a la página, mirar hacia el futuro y decirle a los jóvenes paraguayos: \’Acérquense a trabajar con nosotros en este proyecto de ley\’\”, añadió.
El anteproyecto llega en medio de un debate en Paraguay sobre el servicio militar obligatorio y el aumento de solicitudes de objeción de conciencia.
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